Esta historia ocurre en el verano de 2017, y es entonces cuando quedan al descubierto las
diferencias de una nación, pues el pleno del Congreso de los Estados Unidos
debate para formular una ley que sustituya aceptablemente a la Ley de Atención Asequible
de la Salud (ACA, por sus siglas en inglés). ¿Las modificaciones
propuestas son “desalmadas” o son insuficientes? ¿Cómo reconcilian los líderes
el interés práctico de recortar el presupuesto público en materia de salud con
la repulsiva propuesta (además, políticamente poco atractiva) de dejar al menos
a 22 millones de estadounidenses más sin protección en materia de salud?
¿De qué manera los
legisladores pueden aceptar los recortes propuestos para el Medicaid y que pondrían en riesgo la atención a la salud de
más de 70 millones de personas para 2026, incluyendo niños, ancianos, personas discapacitadas
y mujeres embarazadas.
Nadie puede dudar de la necesidad de contener los
gastos en materia de salud de Estados Unidos; en comparación con otros países
desarrollados, nosotros efectuamos el mayor gasto per cápita en este terreno,
no bien nuestra atención médica es de menor calidad y cobertura. Tal como lo
conocemos, el Medicaid suele ser proclive al desperdicio y al fraude. No
obstante, con recortar simplemente dicho presupuesto público sólo se empeoraría
la situación, sobre todo para los estratos más bajos de nuestra sociedad: justo
donde se hallan los hombres, las mujeres y los niños que el gobierno está
obligado a atender y de la mejor manera posible.
Una verdadera reforma —objetivo que, al parecer, se ha
perdido en las disputas partidistas— habría debido pretender ser más
inteligente y precisa sobre la manera en que debiera gastarse cada dólar del
presupuesto en materia de salud, de modo que el costo de la atención médica se
redujera sin dejar, por ello, de mejorar la calidad de dichos servicios.
Un experimento con estas características, de suyo
revolucionario, se ha venido llevando a cabo en unos cuantos estados:
California, Kansas, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Texas,
todos los cuales han aprobado leyes similares a la Reforma del Sistema de
Entrega de Pagos e Incentivos (DSRIP, por sus siglas
en inglés). En esencia, se trata de la fórmula del Pago Basado en el Valor
Real, la cual estipula que los proveedores de atención médica deben ser
remunerados con base en los resultados reales, a largo plazo, observados en la
salud de sus pacientes, mas no de acuerdo con el volumen de los servicios
proporcionados (por ejemplo, evaluaciones, auscultaciones y pruebas de
laboratorio).
El modelo DSRIP —aplicado
en el estado de Nueva York a través de 25 Sistemas de Desempeño de Proveedores (PPS, por
sus siglas en inglés)— incentiva a los médicos para que observen de cerca el
progreso de cada paciente, monitoreen el cumplimiento de las prescripciones
médicas en cada caso, evalúen los factores particulares de salud mental, y para
que enseñen a sus pacientes a saber manejar por su cuenta las enfermedades
crónicas. El objetivo es reducir hasta en un 25 por ciento las
hospitalizaciones innecesarias, con lo cual, al final del actual programa de
cinco años, se proyecta generar ahorros del orden de los 12 mil millones de
dólares en beneficio de los contribuyentes neoyorquinos.
Imagínense un programa así implementado en los 50 estados de la Unión Americana; a su sombra, el
objetivo de la ACA de recortar el presupuesto de
Medicaid podría lograrse, incluso
mejorando la calidad de la atención médica. De hecho, éste es el mejor de ambos
mundos, pues así se satisfaría tanto a quienes abogan por los derechos de los
pacientes como a quienes sólo les interesa el presupuesto público.
Tras bambalinas del DSRIP, se halla el visionario director del Departamento de
Salud y Atención Médica del Estado de Nueva York, Jason Helgerman, quien
sostiene apasionadamente que no sólo debe tomarse en cuenta la condición médica
de un paciente, sino también los determinantes sociales de la salud. En este
sentido, Estados Unidos está muy a la zaga de los demás países desarrollados
que admiten ya la relevancia de los determinantes sociales de la salud como
factores clave a considerar en el objetivo de procurarles atención médica a los
ciudadanos de menores recursos.
Entre dichos determinantes sociales se incluyen: la
situación habitacional de cada paciente, así como su estatus económico, laboral
y educativo; además, en muchos casos, la manera en que cada cual es afectado
por el sistema criminal de justicia. Estos factores no-clínicos impactan
directamente la condición física y la salud mental de las personas y, por lo mismo,
deben tomarse en cuenta como parte de una atención médica integral diseñada
para obtener resultados benéficos a largo plazo.
Un caso en concreto: un estudio reciente del
Departamento de Salud y Atención Médica del Estado de Nueva York sobre asuntos de habitación y alojamiento,
mismo que les remitió a las entidades afiliadas al PPS, reportó que los residentes de escasos recursos suelen preferir pagar
la renta antes que comprar alimentos; es una decisión práctica, sin duda, pero
con graves implicaciones en la salud, particularmente para los niños más
pequeños. En el mismo informe, se indica que la inestabilidad habitacional y el
pago de la renta elevan hasta en un 200 por ciento el riesgo de las madres a
sufrir depresión. Ahí también se presenta el impacto de la humedad mohosa, de
las pinturas con alto contenido de plomo y de las plagas. Y, tal como lo acaba
de evidenciar un estudio realizado por el Centro Furman de la Universidad de
Nueva York, otro determinante social de la salud relacionado con las situaciones
habitacionales conflictivas es la creciente «concentración de la pobreza»: el
índice de neoyorquinos pobres que viven hacinados con otros ciudadanos de su
misma condición.
En la perspectiva de Helgerson —quien compara el
modelo DSRIP con el arranque de una empresa de
alto riesgo—, el médico que atiende a sus propios vecinos se convierte en un
auténtico líder, quien, a su vez, es capaz de sumar a los demás líderes y
activistas que trabajan en las áreas de habitación, empleo y educación, para
formar, en conjunto, equipos comunitarios de acción efectiva. Su objetivo es
lograr que todos los recursos —tanto médicos como no médicos— estén disponibles
lo antes posible en beneficio de los pacientes de Medicaid de menores recursos
a fin de asegurar su mejoría y desarrollo en el largo plazo.
Una atención médica integral y holística es la
solución para que los pacientes de Medicaid se mantengan sanos, aprendan a
controlar sus enfermedades crónicas y eviten incurrir en altos gastos debido a su
ingreso en las salas de urgencia y a las hospitalizaciones. Sólo una atención
médica integral se corresponde con la dignidad humana de todos y cada uno de
los seres humanos. Los líderes políticos de nuestro país deben canalizar la
investigación hacia los determinantes sociales de la salud, y dirigir su
atención en materia de la reforma del sector salud hacia la elaboración de un
proyecto de ley que les conceda a los estados los incentivos necesarios para
ejercer un presupuesto inteligente e innovador en materia de salud pública.
Miles de millones de dólares podrían ahorrarse, al tiempo que millones de
personas podrían mejorar, así, su calidad de vida en el largo plazo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario